Factores que afectan a la juventud Quetzalteca

 

La inversión en las juventudes es ilimitada e insuficiente

 

    Según (Hernández, 2022), Guatemala es un país joven, una de cada tres personas tiene entre 13 y 27 años; aproximadamente 5.7 millones de personas. La sociedad guatemalteca se encuentra al inicio de lo que suele llamarse el bono demográfico, ese período en que la proporción de personas en edad potencialmente productiva (de 15 a 65 años) aumenta sostenidamente respecto a las personas en edades potencialmente inactivas (de 0 a 14 años y de 65 años en adelante).

     Esto no siempre será así, para 2050 esta relación empezará a decrecer.  El momento actual representa una oportunidad única e irrepetible de aprovechar los dividendos del bono demográfico, pero para que este se traduzca en beneficios sociales es necesario que se acompañe de inversiones significativas en las personas, especialmente, en las juventudes. Lo anterior implica necesariamente garantizar los derechos de cada uno de los y las jóvenes.

 

     En Guatemala, la situación socio económica de gran parte de las personas jóvenes está marcada por la desigualdad y la exclusión. Seis de cada diez jóvenes viven en pobreza monetaria, lo cual aumenta a ocho de cada diez en jóvenes indígenas. Seis de cada diez jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, entre otros elementos básicos para su desarrollo.

Los embarazos en adolescentes y jóvenes y la maternidad temprana constituyen aún un problema que afecta la vida de miles de mujeres: de acuerdo con el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), entre 2015 y 2020, se registraron 607,176 embarazos en adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años. En cuanto al trabajo, únicamente tres de cada diez jóvenes ocupados tienen algunas de las garantías laborales básicas y solamente dos están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

     Estas y muchas más situaciones han obligado y siguen obligando a muchos jóvenes a buscar oportunidades en otros países, incluso arriesgando su vida.

     Su aprobación permitiría reiterar las obligaciones que el Estado tiene de atender a las juventudes de acuerdo con las características propias de su período de vida y podría obligar al Estado a proteger y aumentar la inversión pública en esta población. Esto no debe hacer perder de vista que el Estado de Guatemala tiene múltiples obligaciones respecto a la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos de las juventudes, asumidas tanto a nivel internacional como a nivel nacional, aunque dispersas y no específicas.

     Una de las mejores formas de evaluar el esfuerzo que un Estado realiza para cumplir con garantizar los derechos de las juventudes es por medio de los presupuestos públicos, pues estos reflejan de manera concreta las verdaderas prioridades del Estado.